El Concejo de Bogotá es un escenario particular: es una importante autoridad civil de la ciudad, cumple funciones de control político y tiene iniciativa normativa (esto quiere decir que puede proponer proyectos de acuerdo que rijan en la ciudad)  Su trabajo es fundamental para aprobar instrumentos necesarios para el gobierno de la ciudad como el Plan de Desarrollo, los presupuestos anuales, los cambios en la estructura administrativa del distrito, la definición de usos de suelos, la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial y los debates sobre temas fundamentales para la ciudad

La dinámica electoral del Concejo es bastante compleja, en ella depende en buena manera la cantidad de personas que vota únicamente por el partido (en todos los partidos con voto preferente el partido tiene una de las tres votaciones más altas). Además, la dificultad para hacer una campaña distrital y las pocas posibilidades de reconocimiento en toda la ciudad hace que los concejales concentren su actividad proselitista en algunos sectores y nichos electorales de la ciudad.

Los partidos, en general, apuestan por una combinación entre candidatos que cuentan con redes locales de apoyo (en general, ediles con alto reconocimiento y antiguos concejales) con personas de alto reconocimiento público. Así, casi todos los partidos tienen cabezas visibles mediáticamente que los ciudadanos pueden reconocer fácilmente por sus apariciones y posiciones públicas y otros que dedican su buena parte de su tiempo a alimentar y fomentar sus redes de apoyo al interior de los barrios y localidades.

El problema que esto genera es que la visibilidad de buena parte de lo que sucede en el Concejo es apenas conocido por la opinión. La Encuesta de Percepción Ciudadana que aplicamos en la ciudad desde 1998 nos ha demostrado que el reconocimiento del Concejo es bajo, aunque el 80% de los ciudadanos dicen conocerlo, apenas la mitad saben a qué se dedica. Más preocupante aún, resulta el hecho de que en el 2012 el 63% de los ciudadanos tiene una mala imagen del Concejo y apenas el 11% creen que la institución cumple una buena labor.

La relación del Concejo con las administraciones de Bogotá ha pasado por diferentes momentos de confrontación, trabajo en equipo y, también, de negociación ilegal de beneficios para favorecer intereses particulares. El caso más emblemático es el que llevó a la cárcel al ex alcalde Juan Martín Caicedo y que dio detención a un concejal e investigaciones contra 30 concejales y ex concejales en 1992. El proceso fue denominado el ‘carrusel de los auxilios’ por cuenta de más $1.600 millones de pesos apropiados como auxilios a los concejales, algunos de los cuales resultaron detenidos como el concejal Francisco Velásquez y libres bajo fianza concejales como Dimas Rincón (entonces presidente de la corporación), Martha Isabel Luna, Flor Elba Cárdenas, Jaime Casabianca y Telésforo Pedraza.

La historia parece repetirse, en este momento hay investigaciones penales y/o disciplinarias contra 17 concejales y ex concejales de Bogotá, cuatro de ellos ya surtieron (o están en proceso de surtir) imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Los procesos se adelantan contra miembros de los partidos de ‘La U’, Cambio Radical, Liberal, Polo Democrático, Verde, PIN y Conservador. Además, el ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, su hermano y varios de sus funcionarios se encuentran en procesos penales por el llamado ‘carrusel de la contratación’.

En los dos carruseles parece haber una diferencia fundamental: el valor que la ciudadanía le ha dado a los escándalos. El hastío de la corrupción ha hecho la respuesta de la ciudadanía sea muy importante y que organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación se preocupen no solo por el desempeño de los concejales sino por las responsabilidades que les corresponden a ellos y a los partidos políticos por los escándalos.

Desde Bogotá Cómo Vamos, a través del área Concejo Cómo Vamos hacemos un seguimiento atento al Concejo de Bogotá, nuestra metodología hace seguimiento, monitoreo y evaluación al Concejo y al ejercicio de los concejales. No tenemos la capacidad de rastrear actos de corrupción, porque nuestro objetivo fundamental es la evaluación de la calidad de vida de la ciudad. Sabemos que nuestro trabajo ha servido como referente pero estamos dispuestos a evaluar mejor la forma como medimos el impacto del trabajo del Concejo en los avances en la calidad de vida de la ciudad. 

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Los argumentos del alcalde Gustavo Petro para apostarle en el Plan de Desarrollo a la construcción de sistemas de transporte movidos por energía eléctrica era la protección del medio ambiente y la facilidad de la ciudad para proveer energía eléctrica por encima de gasolina y diésel.

Las obras, según lo planeado, estarían funcionando entre 2015 y 2018, un tiempo que le permite a la ciudad pensar en dónde va a encontrar la energía para mover sus sistemas de transporte eléctrico. En resumen son los siguientes proyectos: dos cables aéreos, que unirían sectores de San Cristóbal y Ciudad Bolívar con Transmilenio; los corredores férreos que incluyen la séptima entre el 20 de julio y la calle 193, el actual ferrocarril de la NQS entre 193 y la Estación de la Sabana, con una extensión hasta la Avenida Ciudad de Cali (en una segunda etapa se construiría la Avenida Longitudinal de Occidente y una ampliación desde la Estación de la Sabana hasta la Carrera Séptima con Calle 13); finalmente, el metro pesado que va desde el Portal de las Américas hasta la calle 127 en una extensión total de 29 kilómetros.

La ciudad cuenta con un conglomerado de energía que se agrupa en el Grupo de Energía de Bogotá. La empresa bogotana tiene negocios de generación, transmisión y distribución de electricidad, sin embargo, no ha sido claro el papel que esta podría jugar en la estructuración y puesta en marcha de los proyectos. Por supuesto, no pretendemos que el Grupo de Energía asuma el control de la licitación ni la operación de las obras pero creemos que es importante que juegue un papel fundamental en garantizar la transmisión de energía a bajo precio que permita abaratar los costos de funcionamiento.

Según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética, la demanda de energía en Colombia va a crecer 3.9%, y si el ritmo se acelera, la demanda empataría con la oferta actual en 2021. Un escenario caótico sería que la ciudad no tuviera como garantizar el fluido hasta el sistema de transporte. Las filiales del Grupo Energía de Bogotá fundamentalmente generan energía a través del complejo de Betania, el Guavio y las centrales ubicadas a lo largo del Río Bogotá. El proyecto El Quimbo ayudará a la generación de Betania y entre las dos represas producirán el 14% de la energía del país, sin embargo, la energía producida en el bajo río Madgalena no estará destinada exclusivamente a Bogotá sino que irá al Sistema Interconectado Nacional.

A parte de la generación de energía de bajo costo es necesario pensar en inversiones necesarias para que la ciudad no sufra problemas de transmisión por cuenta de los nuevos proyectos que se avizoran. Por un lado, hay que garantizar la prestación del servicio domiciliario, industrial y de transporte sea constante; por otro lado, que haya herramientas para que tanto los cables como los trenes reciban energía eléctrica en sus recorridos.

La ciudad tendrá que construir subestaciones que garanticen la estabilidad del fluido en los portales de Tunal, Américas y 20 de julio donde terminarán su recorrido los cables eléctricos y el metro pesado. Del mismo modo, la administración debe definir exactamente hasta dónde llegará el recorrido del tren ligero y del metro pesado en la avenida NQS al norte y así poder hacer las obras que permitan tener abastecimiento al sistema tanto en el norte como en el sur.  

La alerta que queremos enviarle a la ciudad es que, a pesar del entusiasmo que producen en la opinión nuevas obras de infraestructura, estas deben estar bien planeadas y todos sus componentes discutidos y organizados. 

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Después de la radicación de los dos proyectos de acuerdo presentados por la administración, el proyecto N° 117 sobre cupo de endeudamiento y N° 119 para la derogatoria del Acuerdo 180 sobre valorización se levanta nuevamente el debate sobre las posibles ponencias de los nuevos concejales elegidos dado que algunos ya repiten su elección. Los concejales que repiten sus ponencias tienen la ventaja de conocer mejor el tema y poder seguir respaldado sus argumentos en estudios técnicos y financieros expuestos anteriormente. 

Para el proyecto sobre cupo de endeudamiento la Concejal Olga Victoria Rubio (MIRA) presento ponencia positiva con pliego modificatorio, lo que posiblemente pasara en el nuevo debate. Esto podría ser positivo para adelantar la discusión dado que la administración ya conoce los argumentos de esta concejala y la podrían apoyar en algunas posiciones. Por otro lado, el Concejal Julio Acosta (CR) podrá votar negativamente dado que en la anterior presentación por decisión de bancada se afirmó que el distrito no podrá pagar la deuda que adquiera ahora en un largo plazo.

En cuanto al proyecto sobre la derogatoria del Acuerdo 180, el Concejal Antonio Sanguino posiblemente vuelva a tener ponencia positiva con modificaciones. La anterior ponencia tuvo amplias posibilidades de ser aprobada, es la que mantiene la preocupación por la cultura tributaria de la ciudad y la que además admite que algunas obras necesitan ser construidas con celeridad y recursos que aporten todos los ciudadanos a través del cupo.

De cierto modo, la administración puede tener éxito en la aprobación de los dos proyectos dado que tanto en el proyecto de cupo como el de la derogatoria del Acuerdo 180 hay dos ponencias positivas modificatorias contra una sola negativa. No se puede especular en cuanto a las votaciones  de los Concejales de la comisión de Hacienda, pero se espera que se pueda concertar algún articulado en razón de beneficiar a la ciudadanía y en no desgastar una vez más el debate sin llegar a ninguna solución. 

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El fin de semana pasado fue inaugurada la estación Universidades de Transmilenio, una excelente noticia para los capitalinos que hemos esperado años de retraso por una obra que hace mucho tiempo debió solucionar algunos problemas de movilidad del centro de la ciudad. Aunque la estación está conectada por un túnel con la estación Las Aguas estas funcionan como mundos diferentes.

Parece absurdo pero no es, a pesar de que están a pocos metros de distancia, los pasajeros que quieran pasar de la troncal del Eje Ambiental a la Calle 26 obligatoriamente deben bajarse del bus y caminar por el túnel que las conecta, ambas estaciones funcionan como estación de retorno final de sus respectivas troncales y los buses no pueden seguir su trayecto pues la glorieta de la carrera tercera con calle 19 no está preparada para tal fin. Sin embargo, ese es un percance menor, las dos estaciones son la mejor demostración de los inconvenientes que sufren los usuarios del sistema Transmilenio por no tener las tarjetas de operación integradas.

El problema es el siguiente: la estación Universidades es parte de la Fase III de Transmilenio, cuyo recaudo está en manos de Recaudo Bogotá y para ingresar a esta estación por la calle 22 hay que tener la tarjeta ‘Tu llave’; al otro lado de la calle 19, en la estación Las Aguas, que hace parte de la Fase II, el recaudo está a cargo de Angelcom y allí se reciben las tarjetas azul y roja. Lo peor es que no es posible entrar por ambos lados con una sola tarjeta,  Las estaciones están juntas pero no revueltas.

Desde Bogotá Cómo Vamos hemos sido entusiastas por la entrada en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Público, sin embargo, reconocemos que la demora en la integración de las tarjetas de cobro implica problemas adicionales para los ciudadanos.  Sabemos la decisión de la doble tarjeta no fue de esta administración, sin embargo, creemos que le ha faltado celeridad para poner fin a este problema. 

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